VIO ingresa a 125 municipios del país para verificar la situación de los servicios municipales e implementar redes locales de atención y protección contra la violencia
La Paz, 19 de abril de 2023.- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), inició el ingreso a 125 municipios de los nueve departamentos del país para verificar el estado de situación de los servicios municipales que atienden a víctimas de violencia y recoger información que permitirá elaborar un diagnóstico y avanzar en la conformación de redes locales de atención y protección.
La Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, en conferencia de prensa junto miembros de la ACOBOL y de la FAM-Bolivia, dijo que las cifras alarmantes sobre violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, y la ausencia de instituciones como la FELCV o el Ministerio Público, encargadas de la atención de denuncias e investigación de éstas, convoca al Estado, en sus diferentes niveles, a realizar acciones articuladas y contundentes para la prevención y mejora en la atención a estas poblaciones.
En ese marco, informó que el VIO avanza en la implementación de un modelo gestión en redes que permita la articulación y coordinación de todos los niveles del Estado en la lucha y erradicación de la violencia y “el primer paso es el ingreso, en fase piloto que se va a ejecutar hasta junio de 2023, a 125 municipios seleccionados a fin de identificar la situación de los servicios municipales de protección a víctimas de violencia”.
Precisó que este modelo de gestión pretende articular, a través de redes locales, los servicios públicos privados y sociales de prevención, atención y protección de poblaciones que están en situación de violencia y que el primer paso es el ingreso, en su fase piloto que concluirá en junio, a 125 municipios seleccionados a fin de identificar la situación de los servicios municipales de protección a víctimas de violencia.
Cruz explicó que la selección de los municipios se hizo en base a criterios de cercanía y colindancia; accesibilidad en cuanto a caminos y transporte, indicadores de violencia y poblacionales; proporcionalidad institucional; asignación y ejecución presupuestaria para la lucha para la erradicación de la violencia y así poder identificar necesidades y urgencias de gobiernos municipales y, además, atender a la población beneficiaria de estos servicios.
Destacó que esta tarea se desarrolla bajo el liderazgo del MJTI a través del VIO, en coordinación de instituciones aliadas como la FAM Bolivia y ACOBOL por ser instancias estratégicas en esta etapa; además de contar con el apoyo del programa conjunto interagencias de Naciones Unidas (UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA).
Indico que un equipo especializado ya trabaja en los nueve departamentos del país, y otro equipo técnico comenzó con visitas en situ en los 125, que contarán con el acompañamiento de miembros de los concejos municipales y consejos departamentales y de los Comités Departamentales y Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes. Convocó a participar de estas acciones a las víctimas de violencia que, generalmente, no tienen espacios de escucha ni participación.
La presidente de la ACOBOL, Josefina Rodríguez, destacó la iniciativa que lleva adelante el VIO y remarcó que ésta no debe ser sólo una tarea del Estado, sino de todos y en ese marco pidió a otras instancias sumarse y apoyar y comprometió el apoyo de esta institución para seguir trabajando en la erradicación de la violencia.
El director ejecutivo de la FAM –Bolivia, Rodrigo Puerta, por su parte, remarcó que contar con un modelo de red donde varios municipios unan esfuerzos para implementar los sistemas de protección es fundamental. En esa línea, dijo que se acordó trabajar de manera conjunta en el ingreso a los municipios y aportar en la consecución de resultados del diagnóstico que realizará el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
Cifras
El estudio del MJTI “Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia – 2021”, muestra que de los 339 municipios que existen en todo el país, solo 114 cuentan con una oficina de la FELCV, que es la primera instancia de atención e investigación de los hechos de violencia. La segunda instancia encargada de la investigación, posterior imputación y acusación es el Ministerio Público, y su presencia se circunscribe a 116 municipios.
“En el nivel subnacional también se puede ver una débil planificación, asignación y ejecución presupuestaria por las entidades territoriales autónomas, que muestran una escasa priorización del sector humano y social; la que, a su vez, contrasta con una débil institucionalidad, sobre todo en aquellos municipios pequeños categoría A y B que no siempre cuentan con Servicios Legales Integrales Municipales ni con Defensorías de la Niñez y Adolescencia y constituyen el 63.7% de los gobiernos municipales”, observó la Viceministra.
La Viceministra, quien considera urgente la implementación de las acciones anunciadas este miércoles, dijo que la crítica situación de violencia que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país, se refleja en los 1.012 feminicidios registrados desde la promulgación de la Ley 348, según cifras oficiales del Ministerio Público, las más altas registradas en 2020 con 113 feminicidios; 108 feminicidios en 2021; y 94 feminicidios en 2022.
Los mismos datos de la Fiscalía señalan que en los últimos tres años, 2020, 2021 y 2022, se registraron 135 infanticidios; en tanto, en 2021 fueron 36.390 casos de violencia familiar o doméstica; 31.187 en 2022.Según esta institución, en nueve de cada diez de estos casos de violencia familiar o doméstica, la víctima es una mujer.
En 2021, se registró un total de 2.007 casos de violaciones a infante, niña, niño y adolescente; 2.207 casos en 2022, que muestra un incremento considerable de enero al 9 de abril de la presente gestión, periodo en el que suman 619 casos.
Otro tema preocupante, destacó Cruz, es el embarazo en adolescentes que, pese a haber ido reduciendo de 82.416 casos que sumaban en 2015, a 35.200 en 2022, aún muestran que 96 adolescentes menores de 19 años, en el país, quedaron embarazadas cada día durante 2022, muchos de estos embarazos por violencia sexual.