Uso de Recursos IDH y TGN Fondo COVID-19

Se puede construir centros de salud siempre y cuando estén relacionados con la atención de Coronavirus (COVID-19).

La normativa relacionada al equipamiento de hospitales autoriza la compra de ambulancias para hospitales de segundo nivel, sin embargo también podría realizarse para los de primer nivel, siendo necesario coordinar con el Ministerio de Salud. Se puede aplicar el parágrafo I del Artículo 4º de la Ley Nº 1307 Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera – FPIEEH, ante el Covid-19 que indica que los recursos transferidos pueden ser utilizados en Cincuenta por ciento (50%), para actividades de prevención, atención y contención del Coronavirus COVID – 19 equipamiento de hospitales…”.

Sí, se puede contratar personal en la partida 252 correspondiente a consultorías, sin embargo, es muy importante la coordinación con el Ministerio de Salud, para que no exista duplicidad de funciones y tampoco la provisión de personal que no esté adecuado a las funciones que debe desempeñar en los hospitales.

Cuando se realicen las convocatorias o contrataciones directas es importante contar con las cotizaciones respectivas, archivarlas adecuadamente y justificar en los informes, ya que en ese momento debido al incremento de la demanda los precios se elevaron.

Empero, las comparaciones de precios deben hacerse tomando en cuenta a similares proveedores para demostrar que se trata de un ascenso generalizado.

Las transferencias público privadas tienen que estar adecuadamente instituidas dentro del marco normativo correspondiente a los municipios o una norma mayor.

En el caso de la dotación de alimentos por la emergencia se tiene claro que el Artículo 4º de la Ley Nº 1307, realiza la autorización expresa para la provisión de alimentos, es por eso que se cuenta con el marco normativo suficiente para la trasferencia público privada; o en su caso el municipio puede declararse en emergencia para activar todos los mecanismos relacionados a la Ley de Gestión de Riesgos; es importante que estas transferencias público privadas estén autorizadas por una ley municipal, que establezca con claridad el uso y destino de las mismas.

En aplicación de la norma si se podría realizar transferencias público privadas en efectivo mediante el grupo 700, pero para poder llevar a cabo esto es necesario que se promulgue una ley municipal.

Sí, se puede construir infraestructura, empero es importante que la construcción no tome mucho tiempo, 2 o 3 meses como máximo, porque la ley especifica que los recursos no ejecutados deben ser devueltos al TGN. Además, se debe tomar en cuenta que para operativizar estos recursos se debe contar con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), mediante un formulario de excepción.

La norma establece que se deben usar los recursos para el “fortalecimiento de la producción local afectada por la pandemia”, en ese sentido para comprar material de construcción se debe justificar el proyecto en el cual se usarán los materiales a adquirirse, de tal manera que se vea con claridad que contribuye a la economía local.

Los objetos de gasto dependen del proyecto a ejecutarse.

No sería adecuado comprar vehículos directamente. Lo que se podría hacer eventualmente, tras un proceso de priorización, es comprar ambulancias, estas deben ser debidamente justificadas, porque en el inicio de la pandemia no se tenía claro cómo afectaba específicamente el COVID-19; ahora se tiene mayor claridad y se ha observado que los tratamientos pueden realizarse incluso en casa, por lo que no amerita necesariamente la internación en un hospital.

Se puede utilizar para la apertura de caminos siempre y cuando exista la atención a aquellas unidades productivas que se han visto afectadas por la pandemia. No es aconsejable que se intente disimular o hacer pasar un proyecto que no se haya podido atender en el Plan Operativo Anual (POA) que no esté con financiamiento. Eventualmente, los auditores del municipio y de la contraloría van a observar si los proyectos que se hicieron tienen relación con la reactivación productiva de aquellos sectores afectados por la pandemia.